Martes 23 de Septiembre de 2025.- El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezaron la promulgación de la mayor reforma modernizadora del sistema notarial y registral de los últimos años.

La iniciativa, que forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, proporcionará estándares claros de transparencia; establecerá procesos de selección mediante el Sistema de Alta Dirección Pública; limitará el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijará tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporará fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, entre otros avances.

Durante la ceremonia, realizada en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, el vicepresidente Elizalde destacó que «esta ley permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos«.

“Esta reforma es el resultado de un trabajo transversal, fruto del esfuerzo coordinado de los distintos poderes del Estado y constituye el ejemplo de lo que se puede lograr cuando el interés general y el bienestar de la ciudadanía se sitúan en el centro de la acción pública. Demuestra que avanzar hacia un país más justo, eficiente y confiable no solo es necesario, sino plenamente posible cuando existe voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos amplios”, agregó Elizalde.

Por su parte, el ministro Gajardo, destacó que “notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”, añadiendo que “también se le entrega un mejor servicio a todas las personas que realizan a diario trámites en las notarías, en los archiveros, en los conservadores, a través de regulaciones específicas, con tarifas máximas, y también un control muy claro y eficiente de la labor que prestan estos funcionarios”. 

El ministro García, sostuvo, en tanto, que “la reforma es un paso decisivo hacia una institucionalidad más moderna y transparente. Se trata de una política que ha tomado años de trabajo, y que hoy avanza con medidas concretas, como concursos por Alta Dirección Pública, el fin de los cargos vitalicios y la fijación de precios máximos para los servicios”. 

“Desde el Ministerio de Economía se trata de un hito de suma importancia, ya que fortalece la confianza ciudadana y promueve la competencia. Además, el Sernac tendrá un rol fiscalizador respecto de la calidad del servicio y los usuarios podrán interponer reclamos por atenciones deficientes o cobros irregulares. Esta fiscalización podrá realizarse a partir de los seis meses desde publicada la ley en el Diario Oficial”, agregó.

Son características de la ley:

• Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

• Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.

• Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir que las personas usuarias reclamen a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.

• Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.

• Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.

• Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.